El sector financiero está sometido en todos los países a un régimen especial de supervisión administrativa, en general mucho más intenso que el existente para otros sectores económicos. Esta circunstancia es debida a que las entidades financieras captan recursos entre un público que, en su mayor parte, carece de la información y conocimientos necesarios para poder evaluar la solvencia de las entidades a las que confían sus ahorros. Pues bien, la regulación y supervisión públicas aspiran a paliar los efectos de esa carencia y facilitar la confianza en estas entidades, una condición imprescindible para su desarrollo y su buen funcionamiento, esencial no solo para los depositantes de fondos, sino para el conjunto de la economía, dada la posición central que ocupan estas entidades en los mecanismos de pagos.